Los estándares son un apoyo eficaz para la reglamentación y el despliegue eficaz de políticas públicas, simplificando el desarrollo y cumplimiento de las leyes. El 12% de las normas UNE del catálogo español están citadas en la legislación. Además, la referencia a normas en los pliegos de contratación garantiza el acceso en condiciones de igualdad, tal y como establece la Ley de Contratos del Sector Público.
La estandarización es un claro caso de éxito de la colaboración público-privada. Y lo es por varios motivos. El primero es que la referencia a las normas en la legislación (el 12% de las normas UNE está citada en la reglamentación nacional) simplifica y facilita la aplicación de políticas públicas. Pero, además, permite a las empresas un cumplimiento más sencillo de la legislación.
Además, la referencia a normas en los pliegos de contratación pública garantiza el acceso en condiciones de igualdad, dado que son documentos disponibles al público, como recoge la Ley de Contratos del Sector Público. Los estándares se elaboran con el consenso y participación de las partes interesadas, un aspecto fundamental a la hora de desarrollar la prescripción técnica.
Es lo que se conoce como Reglamentación Inteligente. Es decir, esa forma de legislar que, apoyada en las normas técnicas, contribuye a reducir los costes asociados al propio cumplimiento de las leyes y simplifica todo el proceso. En este caso, los sectores, que han participado en la elaboración de las propias normas desarrolladas en el seno de la Asociación Española de Normalización, UNE, conocen de antemano sus requisitos y pueden, de esta forma, adaptarse a ellos de forma progresiva. Acceder a licitaciones, por ejemplo, es más sencillo, lo que además redunda en un aumento de la competitividad.
Las normas recogen el consenso del mercado sobre las mejores prácticas en aspectos clave para la competitividad de las organizaciones, siendo el resultado de la labor conjunta de los sectores económicos y administraciones.
A esto se unen otros principios que rigen la actividad de normalización, como la transparencia y el consenso, que permiten que las Administraciones públicas y los sectores productivos trabajen juntos en la elaboración de los estándares.
Un ejemplo ilustrativo de la contribución de UNE al despliegue eficaz de las políticas públicas es la publicación, en colaboración con la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), de la Guía para el uso de las normas técnicas y la acreditación en la contratación púbica.
Impulso a la innovación en la gestión pública
La Comisión Europea fue la primera en reconocer las ventajas de la estandarización y considerarla como una herramienta para la explotación de los resultados de los proyectos de I+D+i. En la actualidad el apoyo a proyectos de I+D+i constituye uno de los pilares de la actividad de la Asociación Española de Normalización, UNE, junto a los proyectos de estandarización y los de cooperación. Y ahí, ha encontrado en la administración pública una aliada.
Ejemplo de ello son algunos programas de financiación pública como Horizonte 2020 y otros similares, que requieren explícita o implícitamente este aprovechamiento de la normalización como palanca para impulsar el impacto de los proyectos. Desde el sector público entienden que los estándares establecen un nivel de base en aspectos de calidad y seguridad, clave para garantizar el éxito de cualquier proyecto innovador.
Una gran ayuda para conseguir los ODS
Las normas UNE facilitan a las organizaciones la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que proporcionan un lenguaje común y criterios medibles, basados en el conocimiento, consenso y colaboración que requiere este reto global.
Así los estándares ayudan a conseguir el ODS 8 sobre trabajo decente y crecimiento económico; el ODS 9 sobre industria, innovación e infraestructura, y el ODS 11 sobre ciudades y comunidades sostenibles.